FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS

REAL DECRETO 1618/2007 DE 7 DE DICIEMBRE SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS.

Para aquellas ejecuciones judiciales por impago de pensiones, cuando el resultado del cobro es infructuoso por parte del Órgano Judicial, por no constar el ejecutado con bienes suficientes para hacer efectiva la deuda alimenticia, cabría solicitar del Servicio de Gestión del Fondo de Alimentos (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas) perteneciente al Ministerio de Economía y Hacienda el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo. Dicho fondo fue creado por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, y regulado por el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, es un fondo carente de personalidad jurídica, que tiene como finalidad garantizar a los hijos menores de edad el pago de alimentos reconocidos e impagados establecidos en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, filiación o alimentos, mediante el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo.

Es imprescindible para acceder a los anticipos del Fondo que la resolución en la que se reconozcan los alimentos haya sido dictada por los Tribunales españoles. Solicitar su ejecución judicialmente y para el caso que el cobro de la misma sea infructuoso, una vez lo certifique el Secretario Judicial, se pueda solicitar el correspondiente anticipo.

El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos surge así para garantizar a los hijos menores de edad la percepción de unas cuantías económicas, definidas como anticipos, que permitan a la unidad familiar en la que se integran subvenir a sus necesidades ante el impago de los alimentos por el obligado a satisfacerlos. El montante de los recursos económicos de que disponga dicha unidad familiar es, lógicamente, el criterio central para determinar si concurren o no las circunstancias de insuficiencia económica que justifican la concesión de anticipos por el Fondo.

Beneficiarios de los anticipos.

1. Los españoles menores de edad, así como los menores nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en España, titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, que formen parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen los límites que se establecen en el artículo 6 de dicho real decreto.

2. Los menores de edad extranjeros no nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea que, siendo titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, cumplan los siguientes requisitos:

a) Residir legalmente en España y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del anticipo. Para los menores de cinco años estos periodos de residencia se exigirán a quien ejerza su guarda y custodia.

No obstante, si el titular de la guarda y custodia fuera español bastará con que el menor resida legalmente en España al tiempo de solicitar el anticipo, sin necesidad de acreditar ningún periodo previo de residencia.

b) Ser nacionales de otro Estado que, de acuerdo con lo que se disponga en los tratados, acuerdos o convenios internacionales o en virtud de reciprocidad tácita o expresa, reconozca anticipos análogos a los españoles en su territorio.

c) Formar parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen los límites que se establecen en el artículo 6 de este real decreto.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que residen legalmente en España los extranjeros que permanezcan en su territorio en alguna de las situaciones de residencia legal previstas en la Ley de Extranjería.

El miembro de la Unidad familiar que tenga la guarda y custodia del menor está legitimado para solicitar el anticipo.

El lugar de presentación de la solicitud: Registros de la D.G. de Coste de Personal y Pensiones Públicas, Delegaciones de Economía y Hacienda; y cualquiera de los contemplados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los documentos a aportar en todos los casos son:

a) Testimonio del Convenio Judicialmente aprobado o resolución judicial que reconozca el derecho de alimentos.

b) Testimonio que acredite que se ha instado la ejecución.

c) Certificación expedida por el Secretario Judicial que acredite el resultado infructuoso de la ejecución. En procedimientos de urgencia no es necesario este requisito.

d) Libro de familia o certificación de nacimiento de los beneficiarios.

e) Si el beneficiario fuere extranjero además, deberá aportar: 1.- Menores nacionales de un Estado de la Unión Europea: certificación de su inscripción en el Registro Central de Extranjeros. 2.- Menores extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea: Tarjeta de residencia en vigor y resolución o certificación de concesión del permiso de residencia legal para acreditar los períodos previos exigidos por el citado Decreto.

f) Si el beneficiario es mayor de edad con grado de discapacidad de al menos, el 65%: resolución o certificado acreditativo expedido por el IMSERSO u órgano competente de la Comunidad Autónoma.

g) Si el beneficiario es víctima de violencia de género deberá acreditar su condición a través de alguno de los siguientes documentos: 1.- Sentencia condenatoria. 2.- Resolución judicial que hubiera acordado como medida cautelar para la protección de la víctima la prohibición de aproximación o la prisión provisional. 3.- Orden de Protección a las Víctimas de Violencia Doméstica. 4.- Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.

h) Si el solicitante no es el padre o la madre del menor beneficiario: documento acreditativo de la guardia y custodia.

PROCEDIMIENTO: Se inicia mediante solicitud del miembro de la unidad familiar que tenga la guarda y custodia del menor beneficiario del anticipo, formalizada en el modelo oficial. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de tres meses.

Si se trata de un procedimiento de urgencia el plazo es de dos meses. El procedimiento de urgencia se produce cuando: Los recursos e ingresos íntegros de la unidad familiar sean inferiores en 0,5 puntos al límite de ingresos que dan derecho al anticipo que corresponda a dicha unidad, según el número de hijos menores que la integren. Cuando la persona que ostente la guarda y custodia del menor sea víctima de violencia de género.

En tales casos, el solicitante del anticipo no tendrá que aportar certificado del Secretario Judicial sobre el resultado infructuoso de la ejecución.

El transcurso del plazo sin resolver y notificar la resolución expresa faculta al interesado para entender estimada, por silencio administrativo, su solicitud.

La concesión del pago del anticipo se comunicará también al obligado al pago de los alimentos, en el plazo de diez días a partir de la emisión de la resolución de reconocimiento.

El beneficiario tendrá según el Real Decreto comentado, derecho al anticipo, con cargo al Fondo, de la cantidad mensual determinada judicialmente en concepto de pago de alimentos. No obstante lo anterior, la cuantía máxima del anticipo a percibir por un beneficiario se establece en 100 euros mensuales. Si la Unidad familiar estuviera integrada por varios beneficiarios este límite operará para cada uno de ellos.
Si la resolución judicial fijara una cuantía inferior a la prevista por el apartado anterior, la cuantía del anticipo a percibir con cargo al Fondo será la fijada por dicha resolución judicial.

El plazo máximo de percepción de los anticipos reconocidos a cada beneficiario será de dieciocho meses, ya se perciba el anticipo de forma continua o discontinua.

El percibo de la cuantía reconocida se extenderá hasta el último día del mes en que se haya producido la causa determinante de su modificación o de la extinción del anticipo.

Cuando el deudor de alimentos resida en el extranjero, los beneficiarios mencionados anteriormente podrán, en cualquier momento del procedimiento, reclamar el pago de alimentos en aplicación de los Convenios Internacionales existentes en la materia, con independencia de su condición de beneficiario del anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

RESOLUCIÓN: Tres meses. Si se trata de un procedimiento de urgencia, el plazo es de dos meses.

RECURSOS: La resolución pondrá fin a la vía administrativa, y se podrá interponer contra la misma recurso potestativo de reposición ante el titular de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados de igual forma.

EXTINCION DEL DERECHO.

1. El derecho a que se refieren los artículos anteriores se extinguirá por:

1.-Por alcanzar el beneficiario la mayoría de edad.

2.- Por alteración de las condiciones económicas de la Unidad familiar que justificaron el reconocimiento siempre que la misma supere los límites establecidos en el artículo 6.

3.-Por resolución judicial que así lo determine.

4.-Por modificación de la resolución judicial que reconoció el derecho de los beneficiarios a alimentos, siempre que de la misma se derive la improcedencia sobrevenida del mismo.

5.-Por cumplimiento voluntario o forzoso de la obligación de pago por parte del obligado.

6.-Cuando el anticipo se obtuviera mediante la aportación de datos falsos o deliberadamente incompletos o a través de cualquier forma fraudulenta o con omisión deliberada de circunstancias que hubieran determinado la denegación o reducción del derecho.

7.-Por el transcurso del plazo máximo de garantía.

8.-Por el reconocimiento de prestación o ayuda incompatible, previa opción del solicitante, o percepción de la misma.

9.-Por fallecimiento del beneficiario.

10.-Por fallecimiento del obligado al pago de alimentos.

11.-Por pérdida de la residencia legal, respecto de los menores que carezcan de nacionalidad española.

13. En los supuestos anteriores se producirá la extinción del anticipo sin perjuicio de la obligación de reintegro o, en su caso, del derecho de reembolso

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